SUCESOS
Defensora pœblica
lleva 4.000 casos de pensi—n alimentaria
Calificaci—n:
Una
sola defensora pœblica en los Tribunales de Turrialba (Cartago) debe resolver
4.000 casos de personas que acudieron a reclamar una pensi—n alimentaria.
La funcionaria, Alina Rivera, coment— que ella debe
atender la poblaci—n de Turrialba y Juan Vi–as, donde la mayor’a de los que
acuden a solicitar la pensi—n tienen pocos recursos y baja escolaridad; son
ind’genas o discapacitados, y requieren la representaci—n de un defensor.
Rivera
asegura que la atenci—n a los usuarios se afecta porque una sola persona es
insuficiente.
La
funcionaria representa cerca del 95% de las demandas que ingresan al Juzgado de
Pensiones Alimentarias, que dispone de tres jueces especializados.
En
muchas ocasiones hay choques de se–alamientos de audiencias o conciliaciones,
que la obligan a escoger a cu‡l de los casos darle representaci—n.
ÒEs
muy triste llegar al Juzgado, ver a las se–oras y decirles que no puedo estar
con ellasÓ, dijo.
ÒTenemos
la directriz de agilizar los expedientes, pero son muchos los procesos que hay
que llevar, y por este volumen se ha desatendido en muchas ocasiones a los
usuarios. El fin principal cuando el usuario llega a la Defensa Pœblica, es
sacar de la manera m‡s r‡pida un monto provisional de dinero para los alimentos
de los menoresÓ, coment— la defensora.
Otras
oficinas. La escasez de
defensores pœblicos para atender la materia de pensi—n alimentaria se reproduce
en otras oficinas del pa’s. Incluso, las oficinas de San Joaqu’n de Flores
(Heredia) y San Ram—n (Alajuela) no cuentan con el servicio de la Defensa por
falta de presupuesto para contratar personal. En 17 de los 39 despachos de
pensi—n alimentaria de la Defensa Pœblica, se deben asignar por recargo los
casos a defensores de la materia penal pues no cuentan con especialistas.
En
el Juzgado de Pensiones Alimentarias de Heredia, hay 7.400 causas activas,
asignadas a solo dos defensores. En Desamparados, dos funcionarias se encargan
de atender 6.000 demandas.
Marta
Iris Mu–oz, directora de la Defensa Pœblica, explic— que la aplicaci—n de la
oralidad en la pensi—n alimentaria, que comenz— en Alajuela, se ha repetido en
otros despachos del pa’s.
ÒEstamos
de acuerdo con la oralidad en pensiones alimentarias pues beneficia de forma
notoria a las personas que demandan alimentos. Sin embargo, algunos jueces de
San Carlos, Desamparados, Turrialba y Cartago han querido copiar el modelo
aplicado en Alajuela sin contar con los recursos humanos y sin un estudio de
planificaci—n que determine las necesidades para el funcionamientoÓ, a–adi—
Mu–oz.
Por
su parte, la defensora Rivera asegura que en Turrialba se han hecho esfuerzos
por no desatender todas las necesidades del despacho. Ese empe–o la ha llevado
a tomar su tiempo de almuerzo y horas extralaborales
para sacar adelante el trabajo.
ÒLa
instituci—n afronta un problema con respecto a la demanda del servicio y de
recursos otorgados en pensi—n alimentaria. Los recargos a defensores penales
generan reclamos de los jueces porque los defensores no pueden dedicar el 100%
de su jornada a la atenci—n de esta materiaÓ, coment— Mu–oz.